Una serie de acuerdos electorales entre políticos de la región y autoridades departamentales, y la falta de claridad en el manejo de un millonario presupuesto e ingresos de la región, antecedieron a la muerte de 49 niños por desnutrición.
Norbey Quevedo H.
A comienzos de enero de 2003, los parlamentarios del Chocó tomaron la decisión de apoyar al que consideraban podría sacar al departamento de su histórico estado de miseria. Se trataba del profesor Julio Ibargüen Mosquera, un docente con poca experiencia política y con arraigo popular por su origen humilde.
Los gestores de la alianza política fueron los representantes a la Cámara Odín Sánchez, del Partido de la U, y Édgar Ulises Torres Murillo, de Cambio Radical. Su iniciativa fue tomando fuerza y a ellos se unió el senador de Convergencia Ciudadana Juan Carlos Martínez Sinisterra, en momentos en que flaqueaban las finanzas de la campaña.
Con el apoyo de los representantes de los tres importantes partidos, el profesor Ibargüen Mosquera acudió a las urnas por el Movimiento Político por la Seguridad Social. Y en una reñida elección que se dirimió por 3.539 votos con el candidato del Partido Liberal, Carlos Alberto Escobar, el profesor Ibargüen fue proclamado como nuevo gobernador del Chocó. En sus manos quedó el destino de 408.560 habitantes, en 31 municipios con una área total de 47.000 km2 y un millonario presupuesto anual.
En su discurso de posesión, Ibargüen prometió sacar al departamento de la pobreza, erradicar el conflicto armado y buscar mayores recursos del Gobierno Nacional.
El acuerdo
Así las cosas, relató una alta fuente del Gobierno, comenzó un pacto implícito entre el mandatario y los parlamentarios que contribuyeron a su elección. Y, como venía sucediendo en otras administraciones, las baterías se enfilaron hacia las entidades de la salud, que manejan anualmente el mayor presupuesto del departamento. “Las cuatro principales entidades del sector manejan cerca de $350.000 millones”, comentó el superintendente del ramo, José Renán Trujillo.
Otro líder local explicó la alianza. La Lotería del Chocó quedó en cabeza de un grupo cercano al parlamentario Odín Sánchez. Hoy, casi tres años después de esa alianza, la entidad está en trámite de liquidación.
A su vez, el Departamento Administrativo de Salud y Seguridad Social (Dasalud) quedó en manos de colaboradores del senador Juan Carlos Martínez, destacó otra fuente del sector. Precisamente esta entidad, según la Defensoría del Pueblo, podría compartir responsabilidades por la muerte de los 49 niños que por desnutrición fallecieron en el Chocó durante los dos últimos meses.
De igual manera, el hospital departamental San Francisco de Asís quedó en “manos” de una “cuota política” del parlamentario Édgar Ulises Torres, resaltó la fuente. Pero el pasado 6 de marzo la Superintendencia de Salud ordenó la intervención forzosa del hospital.
Otra entidad, la más grande Administradora del Régimen Subsidiado (ARS), Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó, parece haber entrado en el ajedrez político. Con más de 400 afiliados e ingresos de $100 mil millones al año, hace dos semanas le fue revocada la autorización de funcionamiento por la Supersalud. Según conoció El Espectador, la mayoría de sus afiliados están en Barranquilla y en su manejo inciden Juan José y Gabriel García, políticos que operan en Sucre y Bolívar.
Actuaciones
En tres años de gestión, las cifras sociales rajan al profesor Ibargüen. El Gobierno, a su vez, mantiene los millonarios giros, pero la plata se refunde en el camino. Por eso el Superintendente de Salud insiste en que hay que replantear todo el sistema de salud en Colombia.
Además de las recientes decisiones de la Superintendencia de Salud, el pasado 23 de febrero la Procuraduría suspendió durante un mes al gobernador del Chocó, Julio Ibargüen, por efectuar nombramientos sin requisitos legales. Muchas otras investigaciones de organismos de control están en etapa preliminar.
Con 26 años en la región, el director de Pastoral Social de Quibdó, quien denunció la muerte de los niños, sostuvo esta semana que es la enésima vez que los gobiernos prometen soluciones. El presidente Uribe nombró como gerente del departamento a Juan Guillermo Ángel, para paliar la crisis.
Todos los parlamentarios de la región niegan con vehemencia cualquier relación burocrática o de dineros del departamento. La región carece de líderes. Los pocos que existen, como Piedad Córdoba, no hacen mucho por ella. Los partidos políticos de las negritudes no cesan en sus disputas internas. El gobernador Julio Ibargüen salió de vacaciones.
La lotería
La ars
El hospital
El servicio
El chance
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