¿"Tirofijo" terminará sacando de la cárcel a "Jorge 40"? Difícil pregunta.
Hace pocos días, la Corte Suprema de Justicia condenó a la cúpula del Eln a 40 años de cárcel por la masacre de Machuca, una humilde población afrocolombiana, en la cual murieron 84 personas tras el estallido de un gasoducto. Este crimen de lesa humanidad es similar al perpetrado por las Farc en Bojayá -otra humilde comunidad afrocolombiana-, cuando tras disparar una pipa de gas contra la iglesia en la que se refugiaban los habitantes murió un centenar de personas.
Hasta ahora se han presentado ante la Fiscalía General de la Nación 31 mil víctimas del conflicto armado, principalmente de los 'paras'. Pero un alto porcentaje está representado por víctimas del Eln y de las Farc. Estas víctimas están exigiendo verdad, justicia y reparación en los mismos términos que las víctimas de los 'paras'. Ni más ni menos.
En la segunda mitad del siglo XX hubo en Colombia tres amplias amnistías. En 1953, bajo el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla; en 1958, bajo el primer gobierno del Frente Nacional de Alberto Lleras, y en los años 90, bajo de mandato de César Gaviria. En los tres casos, el eje del proceso de paz recayó sobre los desmovilizados, ya fuesen guerrillas liberales, "contrachusmas" conservadoras o guerrillas de izquierda. Las víctimas eran invisibles. Sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación sólo comenzaron a aparecer en el horizonte de los derechos humanos a mediados de los años ochenta, ante todo para juzgar los crímenes estatales de acuerdo con la tradición que nos legaron los juicios de Nüremberg y Tokio, después de la II Guerra Mundial.
Hoy, tras la creación de la Corte Penal Internacional no solamente los Estados son responsables por los excesos contra los derechos humanos, sino, igualmente, los individuos. ¿Cómo se va a manejar entonces el difícil equilibrio entre justicia y paz con el Eln y las Farc?
Muchos analistas piensan que el dilema se puede solucionar mediante una simple diferenciación de los 'paras' (concebidos como delincuentes comunes) y los guerrilleros (concebidos como delincuentes políticos), con base en lo cual sería viable dictar una ley de amnistía para los segundos, mientras que a los primeros les cae el peso de la ley.
No es posible. No solamente debido a los parámetros de la Corte Internacional de Justicia (que no juzga motivaciones sino conductas y, por tanto, le es indiferente el estatus político de quien ha cometido un crimen de guerra), sino, sobre todo, por la presencia de las víctimas en el escenario público. No podemos diferenciar víctimas con derechos y víctimas sin derechos. No le podemos decir a una víctima de Machuca o Bojayá que, dado que sus familiares murieron en manos de una actor "idealista", su dolor y su daño no ameritan ni verdad, ni justicia, ni reparación.
Estos temas se deben discutir en las rondas de La Habana con el Eln. Día a día nos estamos acercando a la entrada en vigencia plena de la Corte Internacional de Justicia en Colombia. Faltan escasos dos años largos. Recordemos que el ex canciller Guillermo Fernández de Soto -hoy embajador ante Holanda- tomó la decisión de firmar una excepción por siete años (no prorrogables) permitidos en los Acuerdos de Roma, con objeto de dar un lapso suficiente para alcanzar la paz en Colombia. El tiempo se acaba.
¿Las Farc y el Eln se deberán someter a la Ley de Justicia y Paz, concebida para todos los actores armados ilegales? ¿O habrá una ley distinta? ¿Esta ley será más benigna que la Ley de Justicia y Paz, es decir, las exigencias para acogerse a sus beneficios en términos de verdad, justicia y reparación serán menores? ¿Si los estándares son menores, los paramilitares se podrán beneficiar gracias al principio de favorabilidad y, por tanto, la extrema izquierda terminará beneficiando a la extrema derecha? ¿'Tirofijo' terminará sacando de la cárcel a 'Jorge 40'? Preguntas difíciles que debemos enfrentar sin más dilaciones.
Eduardo Pizarro Leongómez
El Tiempo
Hasta ahora se han presentado ante la Fiscalía General de la Nación 31 mil víctimas del conflicto armado, principalmente de los 'paras'. Pero un alto porcentaje está representado por víctimas del Eln y de las Farc. Estas víctimas están exigiendo verdad, justicia y reparación en los mismos términos que las víctimas de los 'paras'. Ni más ni menos.
En la segunda mitad del siglo XX hubo en Colombia tres amplias amnistías. En 1953, bajo el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla; en 1958, bajo el primer gobierno del Frente Nacional de Alberto Lleras, y en los años 90, bajo de mandato de César Gaviria. En los tres casos, el eje del proceso de paz recayó sobre los desmovilizados, ya fuesen guerrillas liberales, "contrachusmas" conservadoras o guerrillas de izquierda. Las víctimas eran invisibles. Sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación sólo comenzaron a aparecer en el horizonte de los derechos humanos a mediados de los años ochenta, ante todo para juzgar los crímenes estatales de acuerdo con la tradición que nos legaron los juicios de Nüremberg y Tokio, después de la II Guerra Mundial.
Hoy, tras la creación de la Corte Penal Internacional no solamente los Estados son responsables por los excesos contra los derechos humanos, sino, igualmente, los individuos. ¿Cómo se va a manejar entonces el difícil equilibrio entre justicia y paz con el Eln y las Farc?
Muchos analistas piensan que el dilema se puede solucionar mediante una simple diferenciación de los 'paras' (concebidos como delincuentes comunes) y los guerrilleros (concebidos como delincuentes políticos), con base en lo cual sería viable dictar una ley de amnistía para los segundos, mientras que a los primeros les cae el peso de la ley.
No es posible. No solamente debido a los parámetros de la Corte Internacional de Justicia (que no juzga motivaciones sino conductas y, por tanto, le es indiferente el estatus político de quien ha cometido un crimen de guerra), sino, sobre todo, por la presencia de las víctimas en el escenario público. No podemos diferenciar víctimas con derechos y víctimas sin derechos. No le podemos decir a una víctima de Machuca o Bojayá que, dado que sus familiares murieron en manos de una actor "idealista", su dolor y su daño no ameritan ni verdad, ni justicia, ni reparación.
Estos temas se deben discutir en las rondas de La Habana con el Eln. Día a día nos estamos acercando a la entrada en vigencia plena de la Corte Internacional de Justicia en Colombia. Faltan escasos dos años largos. Recordemos que el ex canciller Guillermo Fernández de Soto -hoy embajador ante Holanda- tomó la decisión de firmar una excepción por siete años (no prorrogables) permitidos en los Acuerdos de Roma, con objeto de dar un lapso suficiente para alcanzar la paz en Colombia. El tiempo se acaba.
¿Las Farc y el Eln se deberán someter a la Ley de Justicia y Paz, concebida para todos los actores armados ilegales? ¿O habrá una ley distinta? ¿Esta ley será más benigna que la Ley de Justicia y Paz, es decir, las exigencias para acogerse a sus beneficios en términos de verdad, justicia y reparación serán menores? ¿Si los estándares son menores, los paramilitares se podrán beneficiar gracias al principio de favorabilidad y, por tanto, la extrema izquierda terminará beneficiando a la extrema derecha? ¿'Tirofijo' terminará sacando de la cárcel a 'Jorge 40'? Preguntas difíciles que debemos enfrentar sin más dilaciones.
Eduardo Pizarro Leongómez
El Tiempo
0 Observaciones:
Publicar un comentario