Saúl Hernández
Columnista de EL TIEMPO
Hay que bajarles a la intemperancia verbal y a las maquinaciones.
Mediante una carta que ha tenido escasa difusión, Angelino Garzón ha sido el único en proponer que se baje el tono a la discusión entre el Polo y el Gobierno, que por estos días alcanza límites insospechados en medio de informaciones y sucesos que no se miden en su real contexto. La andanada en el exterior de Gustavo Petro, Jorge Robledo y Piedad Córdoba es ya evidencia no de actos sueltos y casuales sino de una estrategia bien -o acaso mal- calculada para debilitar a la administración de Uribe con golpes contundentes como la caída del Plan Colombia y el TLC.
Y cabría preguntarse qué tanto tiene que ver Caracas en todo esto teniendo en cuenta lo que sucede en el vecindario y aun en nuestra propia cocina, porque lo del embajador Pável Rondón en Armenia no fue un incidente menor, por mucho que se quiera ignorar, y la presencia del chavismo en distintas regiones de Colombia es ya evidente.
Si bien al Presidente le cabe la responsabilidad de no controlar su fuerte temperamento, la oposición es responsable de buscar la desestabilización del país por medio de denuncias amañadas, verdades a medias y acusaciones obscenas, sin medir las consecuencias de actos tan absurdos. Nada justifica la presencia de Piedad Córdoba en un 'foro' organizado por terroristas de las Farc y el Eln, los agravios hacia un gobierno legítimo y las ofensas a los siete millones y medio de colombianos que lo eligieron (y a ese 70 por ciento que lo apoya), a quienes ella tilda de mafiosos, 'paracos' y asesinos. Y que después se haga la loca, de hecho, diciendo que nadie le advirtió que las guerrillas organizaban el acto.
Todo lo que hace y dice la oposición va en la línea de conseguir una confrontación ideológica que deje a la izquierda bien parada y a la derecha en el pozo, en ejercicio de un maniqueísmo torpe que solo va a dejar las heridas que menciona Angelino. De ahí que quieran hacer ver como cosas distintas el que unos se reúnan en Ralito y firmen un documento insulso y otros posen de santos como Piedad, a pesar de las malas compañías.
Sorprende cierto fariseísmo en el caso de Chiquita Brands, a la que se critica por pagar protección a los 'paras', pero no por pagar la extorsión guerrillera. ¿Con qué derecho moral se puede pedir la extradición de sus directivos si el Estado no cumplió con el deber de brindarles protección?
Hace un par de meses, el noticiero NTC dio a conocer una carta que envió Salvatore Mancuso al Ministerio de Defensa a mediados de los 90, en la que pide protección para ejercer su actividad ganadera sin el acoso de las Farc. El resto de la historia es una buena muestra de lo que pasa cuando el Estado no cumple sus obligaciones y deja crecer la bola de nieve. De esto son responsables los ministros de Defensa de la época, los presidentes y muchos otros funcionarios. ¡Cuántas muertes se hubieran evitado atendiendo esa especie de 'alerta temprana'!
Por eso hay cierta incongruencia cuando el Estado se declara culpable de no haber prestado suficiente seguridad al senador de la UP Manuel Cepeda. Si les hubieran prestado seguridad a las víctimas de la guerrilla nos habríamos encontrado en un camino de reconciliación miles de muertos antes. De ahí lo triste que algunos no entiendan la importancia de la 'seguridad democrática', del ejercicio del poder constitucional, de la instauración del orden para garantizar que la historia no se repita.
El clima político de estos días les debe recordar a muchos viejos la etapa previa de la Violencia. Hay que bajarles a la intemperancia verbal y a las maquinaciones. El Polo debería tomar nota de la carta de Angelino y aceptar la realidad de la democracia: las minorías respetan las decisiones de las mayorías. Álvaro Uribe tiene todo el respaldo de la gran encuesta del 28 de mayo, y eso no lo puede desconocer nadie que pretenda ser parte de esta democracia.
Columnista de EL TIEMPO
Hay que bajarles a la intemperancia verbal y a las maquinaciones.
Mediante una carta que ha tenido escasa difusión, Angelino Garzón ha sido el único en proponer que se baje el tono a la discusión entre el Polo y el Gobierno, que por estos días alcanza límites insospechados en medio de informaciones y sucesos que no se miden en su real contexto. La andanada en el exterior de Gustavo Petro, Jorge Robledo y Piedad Córdoba es ya evidencia no de actos sueltos y casuales sino de una estrategia bien -o acaso mal- calculada para debilitar a la administración de Uribe con golpes contundentes como la caída del Plan Colombia y el TLC.
Y cabría preguntarse qué tanto tiene que ver Caracas en todo esto teniendo en cuenta lo que sucede en el vecindario y aun en nuestra propia cocina, porque lo del embajador Pável Rondón en Armenia no fue un incidente menor, por mucho que se quiera ignorar, y la presencia del chavismo en distintas regiones de Colombia es ya evidente.
Si bien al Presidente le cabe la responsabilidad de no controlar su fuerte temperamento, la oposición es responsable de buscar la desestabilización del país por medio de denuncias amañadas, verdades a medias y acusaciones obscenas, sin medir las consecuencias de actos tan absurdos. Nada justifica la presencia de Piedad Córdoba en un 'foro' organizado por terroristas de las Farc y el Eln, los agravios hacia un gobierno legítimo y las ofensas a los siete millones y medio de colombianos que lo eligieron (y a ese 70 por ciento que lo apoya), a quienes ella tilda de mafiosos, 'paracos' y asesinos. Y que después se haga la loca, de hecho, diciendo que nadie le advirtió que las guerrillas organizaban el acto.
Todo lo que hace y dice la oposición va en la línea de conseguir una confrontación ideológica que deje a la izquierda bien parada y a la derecha en el pozo, en ejercicio de un maniqueísmo torpe que solo va a dejar las heridas que menciona Angelino. De ahí que quieran hacer ver como cosas distintas el que unos se reúnan en Ralito y firmen un documento insulso y otros posen de santos como Piedad, a pesar de las malas compañías.
Sorprende cierto fariseísmo en el caso de Chiquita Brands, a la que se critica por pagar protección a los 'paras', pero no por pagar la extorsión guerrillera. ¿Con qué derecho moral se puede pedir la extradición de sus directivos si el Estado no cumplió con el deber de brindarles protección?
Hace un par de meses, el noticiero NTC dio a conocer una carta que envió Salvatore Mancuso al Ministerio de Defensa a mediados de los 90, en la que pide protección para ejercer su actividad ganadera sin el acoso de las Farc. El resto de la historia es una buena muestra de lo que pasa cuando el Estado no cumple sus obligaciones y deja crecer la bola de nieve. De esto son responsables los ministros de Defensa de la época, los presidentes y muchos otros funcionarios. ¡Cuántas muertes se hubieran evitado atendiendo esa especie de 'alerta temprana'!
Por eso hay cierta incongruencia cuando el Estado se declara culpable de no haber prestado suficiente seguridad al senador de la UP Manuel Cepeda. Si les hubieran prestado seguridad a las víctimas de la guerrilla nos habríamos encontrado en un camino de reconciliación miles de muertos antes. De ahí lo triste que algunos no entiendan la importancia de la 'seguridad democrática', del ejercicio del poder constitucional, de la instauración del orden para garantizar que la historia no se repita.
El clima político de estos días les debe recordar a muchos viejos la etapa previa de la Violencia. Hay que bajarles a la intemperancia verbal y a las maquinaciones. El Polo debería tomar nota de la carta de Angelino y aceptar la realidad de la democracia: las minorías respetan las decisiones de las mayorías. Álvaro Uribe tiene todo el respaldo de la gran encuesta del 28 de mayo, y eso no lo puede desconocer nadie que pretenda ser parte de esta democracia.
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