Encomillables...

En 1972, durante el gobierno de Misael Pastrana, con el propósito de impulsar un sistema de financiamiento de vivienda a largo plazo, nació la Upac. Durante 20 años activó el sector de la construcción y creó una cultura de ahorro. A finales de los años 80 y en desarrollo de reformas al sistema financiero implementadas durante el gobierno Gaviria, se cambió la forma de cálculo de la UPAC y la corrección monetaria ya no se hizo por el IPC sino por la tasa promedio de los Depósitos a Término Fijo (DTF). Además se aplicó la figura de capitalización de intereses sobre intereses. Este cambio creó un problema social por cuanto los salarios de los deudores nunca crecieron en la misma proporción de los créditos hipotecarios. El asunto hizo crisis en 1999, año en el cual la Corte Constitucional tumbó la UPAC. El Congreso creó la UVR.

Después de la sentencia de la Corte Constitucional que acabó con la UPAC y tras la expedición de la Ley 546 de 1999, que creó la UVR, el problema de la reliquidación de los créditos antiguos y el otorgamiento de los nuevos reactivó las peleas en los estrados judiciales. Ante los jueces civiles empezaron a tramitarse procesos entablados por los bancos contra deudores, para recuperar bienes afectados por moratoria en los pagos. Esta lluvia de pleitos ha motivado incontables tutelas para exigir la terminación de estos procesos, con una peculiaridad: algunos jueces hacen prevalecer los criterios de la Corte Constitucional, mientras otros acogen las disposiciones de la Corte Suprema. Los expertos sostienen que, en el fondo, este desajuste jurídico, que requiere enmendarse, obedece al histórico choque de trenes entre las dos cortes.